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Diferencia de percepción entre el gobierno y la población japonesa sobre las políticas de seguridad
- Idioma de escritura: Coreano
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- País de referencia: Japón
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Texto resumido por la IA durumis
- Los resultados de una encuesta de opinión pública realizada en marzo de 2023 mostraron que la población japonesa tiene una postura negativa respecto a las políticas de seguridad ofensivas del gobierno, como el ejercicio del derecho de autodefensa colectiva, el aumento del gasto en defensa y la capacidad de atacar bases enemigas.
- Por otro lado, la población manifestó su apoyo a medidas defensivas, como la cooperación con aliados y países amigos, el fortalecimiento de los sistemas de defensa antimisiles y el uso de satélites.
- El gobierno debe reflejar y persuadir más la percepción de la población a la hora de promover un cambio radical en la política de seguridad.
El gobierno japonés ha estado impulsando una transformación radical en su política de seguridad, fortaleciendo su alianza con Estados Unidos y reconociendo el derecho a la autodefensa colectiva. Sin embargo, los resultados de diversas encuestas de opinión pública muestran una considerable disparidad de percepción entre la línea política del gobierno y la opinión pública.
En primer lugar, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Nacional en 2015, reconociendo el derecho a la autodefensa colectiva. Sin embargo, una encuesta de opinión pública realizada en marzo de 2023 reveló que las personas que la valoran (49%) y las que no la valoran (48%) se encontraban en un empate técnico. La revisión de los tres documentos de seguridad en 2022, que decidió el aumento del presupuesto de defensa y la posesión de la capacidad de atacar bases enemigas, también mostró una división igualitaria en la encuesta actual, con el 48% de los encuestados valorando la medida y el 48% no valorándola. En cuanto al principio de las tres no nucleares, el 49% de los encuestados respondió que se debería mantener en el futuro.
Por otro lado, cuando se preguntó a los encuestados si deberían realizar operaciones conjuntas con el ejército chino en el futuro, solo el 13,3% respondió afirmativamente. El apoyo al desarrollo de grandes destructores Aegis, que el gobierno está instando a la población a respaldar, fue solo del 26%, mientras que el apoyo al desarrollo del próximo caza se quedó en el 13%. Estos datos sugieren que una gran mayoría de la población se muestra negativa a las políticas de aumento de la fuerza militar que el gobierno está impulsando activamente.
A pesar del deterioro del entorno de seguridad, la mayoría de los ciudadanos se mostraron a favor de medidas relativamente defensivas, como la cooperación con los aliados y países amistosos de Estados Unidos (58%), el fortalecimiento del sistema de defensa antimisiles (53%) y el uso de satélites (40%). Sin embargo, un número significativo de personas se opone a la política de seguridad ofensiva del gobierno, lo que indica una clara diferencia de percepción entre el gobierno y la población.
Al examinar la conciencia pública sobre la política de seguridad nacional, más de la mitad de los encuestados (58%) afirman que valoran la identidad de Japón como un "país de paz". La línea política actual de "asumir responsabilidades globales a través de la alianza con Estados Unidos" es muy diferente de la política de hace diez años. Mientras que la mayoría de la población prefiere una línea política de defensa tradicional, el gobierno está tratando de ampliar su papel a nivel global a través del fortalecimiento militar, lo que genera diferencias de opinión. La transformación en la política de seguridad que busca el gobierno parece ser demasiado radical y encuentra limitaciones en la aceptación pública.
En resumen, se pudo constatar una gran disparidad de percepción entre el gobierno japonés y la población en cuanto a las principales políticas de seguridad, como el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva, la cooperación militar con Estados Unidos y el aumento de la fuerza de defensa. El gobierno deberá considerar reflejar y persuadir más la opinión pública en el proceso de implementación de la transformación radical de la política de seguridad.